El londinense aeropuerto de Heathrow ha impuesto una nueva tasa COVID-19 como «cargo reglamentario excepcional del Reino Unido» que asciende a cerca de 10 euros y deberá ser pagada por los pasajeros de todas las aerolíneas, independientemente de la cabina en la que viajen y la distancia del viaje.

Este inédito impuesto, que se anuncia será eliminado antes del 31 de diciembre de 2021, se añade a los que ya están en vigor incorporados a los billetes de los vuelos operados desde esta terminal aérea, incluidos los derechos de pasajeros aéreos, los cargos por servicio de pasajeros, entre otros, algunos de los cuales se aplican a todos los aeropuertos del Reino Unido.

La suma de estos impuestos representa alrededor de la mitad del precio de un pasaje de 100 euros, pero los directivos aseguran que «Heathrow no obtiene absolutamente ningún beneficio de estos servicios», y advierten que la instalación ofrece un conjunto de servicios aeroportuarios importantes, cuya tarifa «se calcula exclusivamente para cubrir el coste de proporcionarlos».

Incremento del control en las fronteras

En días pasados el gobierno británico incrementó el control en las fronteras al decretar que los viajeros para entrar al Reino Unido, además de presentar una prueba PCR con resultado negativo realizada 72 horas antes del viaje, deberán someterse a dos más, que les serán practicadas el segundo y el octavo día del aislamiento de 10 días que deben cumplimentar en un hotel los pasajeros procedentes de 33 naciones calificadas de «alto riesgo», que son en su   mayoría de Latinoamérica y África, y entre las que se incluyen Sudáfrica, Brasil o Portugal.

Para facilitar este aislamiento, ese gobierno ha concertado los servicios de varios hoteles, seis de los cuales ya están preparados para acoger a 4.600 personas, que reservarán en línea antes de emprender el viaje un paquete que incluye la estancia, alimentación y los dos PCR obligatorios, por un costo  de unos mil 992 euros;  las líneas aéreas están obligadas a comprobar que los usuarios cumplen con estas nuevas normas, las cuales van acompañadas de las correspondientes multas para los que pretendan violarlas.

El viajero que no presente el primer test, pagará unos 1.140 euros, en el caso de negarse al segundo, 2.300 euros; aquellos que se resistan a permanecer en aislamiento serán multados hasta con 11.400 euros y se condenarán hasta a 10 años de cárcel a los que mientan sobre el país de origen.

Las autoridades británicas han declarado que la crisis epidemiológica generada por la COVID-19, es el mayor desafío a la seguridad nacional al que ese país ha hecho frente en décadas, y es por esta razón que han endurecido las restricciones que están en vigor en Inglaterra, territorio del Reino Unido donde el Gobierno central tiene competencia sanitaria, pero esperan que los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte implantarán un régimen similar.

Texto: Redacción Bienvenidos